El embajador de los Estados Unidos en Colombia. Peter Michael Mckinley aseguró que su país respetará y no hará ningún pronunciamiento del cómo se desarrollaran las conversaciones entre el presidente Juan Manuel Santos con las Farc.
“El presidente Barack Obama y la Secretaria de Estado, Hillary Clinton han dejado muy en claro nuestro apoyo al pueblo colombiano, al gobierno colombiano. Recalcamos la importancia de llegar, si es posible, a una negociación que concluya con la violencia”, indicó Mckinley.
El diplomático dijo que a pesar de las relaciones tan estrechas entre Estados Unidos y Colombia en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico no le queda bien a su país hacer un comentario alguno sobre el proceso.
“Tenemos una relación muy estrecha con Colombia de muchas décadas, y a pesar de todos los altibajos, hemos mantenido esa relación”, precisó el embajador norteamericano
Mckinley sostuvo que solo espera que los diálogos entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc terminen con una salida negociada al conflicto para que cese la violencia.
La estrategia para lograr posicionar la imagen de una persona como Community Manager puede abordarse en varias fases que irán distribuidas en varios canales de información que facilita la internet debido a su fácil acceso y los costos que se ahorra el interesado al hacer publicidad en red.
Cabe anotar que en la experiencia que he adquirido a lo largo de una década de trabajar en los medios tradicionales como la radio por cuatro años y seis años en producción de televisión permite identificar que una buena voz nutrido por un adecuado mensaje y el uso indicado de imágenes puede posicionar una marca de un producto o un servicio.
Sin embargo, el auge que ha tenido las tecnologías de la información y las comunicaciones y la expansión de las redes sociales obliga a que esos medios tradicionales giren y aprovechen las plataformas virtuales para que el mensaje llegue a más personas, que trascienda las fronteras.
Si bien es conocido que antes para hacer radio y televisión se necesitaban varios recursos, en la actualidad es posible hacerlo con una simple cámara de video o una grabadora en formato digital que facilita el mercado, pero el hecho no es solo hacer la operación, sino de aplicar unos conceptos fundamentales que un Community Manager puede proveer para que su mensaje se propague por varios medios de comunicación no solo tradicionales, sino alternativos y virtuales.
Su marca, producto y servicio puede estar en la red mundial de información sin mayores complicaciones, un comercial en video, una cuña radial, una foto, las características de lo que usted puede ofrecer o proveer pueden conjugarse en la multimedia con un bajo presupuesto.
Esta presentación multimedia en la internet puede ser divulgada a través de las redes sociales lo que permite tener un contacto directo con potenciales clientes o usuarios del producto, servicio o marca que se desee posicionar.
Uno de los mayores grupos que acceden a estas plataformas virtuales son los jóvenes, quienes tienen grandes hábitos de consumo e inciden en las decisiones de compra de los adultos.
Las redes sociales como el Facebook, el Twitter, Youtube, son muy seguidas y visitadas por las nuevas generaciones quienes comparan el avance tecnológico, lo que esta de moda, con los productos y servicios que por estos nuevos canales se ofrecen.
Por eso usted como comerciante, como microempresario puede llevar a posicionar su marca, servicio y producto como las grandes por el solo hecho de estar en la internet.
“Yo también puedo”, le ofrece asesoría en el posicionamiento de su idea de negocio, de aquello que quiere ofrecer, de que su talento sea visto, admirado y requerido por usuarios o clientes.
“Yo también puedo”, posee experiencia en la realización de piezas audiovisuales que permiten mostrar productos y servicios en la red mundial de información, solo necesita contactarnos para expresar que idea tiene en mente para poder elaborar el proyecto que más se adecúe a sus necesidades.
“Yo también puedo”, realiza comerciales para televisión, videos institucionales y promocionales, cuñas radiales, material POP, diseños y propuestas gráficas con contenido de imágenes y de texto que expresen características de su producto o servicio.
Además asesoramos y montamos estas piezas audiovisuales en las nuevas plataformas tecnológicas para que puedan ser transmitidas en las redes sociales y portales web de forma gratuita, logrando contacto directo y retroalimentación de clientes para que así mismo puedan referenciar en esta u otra comunidad virtual lo que se esta ofreciendo.
Posicionamos su marca, producto y servicio en plataformas gratuitas que hacen seguimiento a su idea de negocio y la ubican en los buscadores más importantes de internet como Google o Yahoo.
Volviendo al tema de ofrecer un portafolio de servicios sería montar en una pagina web (en este caso blogg) varios productos realizados por “Yo también puedo”, Giancarlo Lozano Arandia, Community Manager, como son un video institucional que evidencie los trabajos realizados, una cuña radial invitando a que contacten mis servicios.
De igual forma, algunos pantallazos de redes sociales donde pueda hacer link y me lleven a paginas en Facebook, Twitter, Blogger, Youtube, entre otras, donde se muestre el trafico de información de las distintas empresas o marcas que se asesoran.
Así mismo, los contactos tradicionales como un numero telefónico o celular, la dirección electrónica.
De igual forma, en la pagina principal del portal web (en este caso blogg) datos personales como mi nombre y profesiones: Giancarlo Lozano Arandia. Comunicador Social, Periodista, Productor de Radio y Televisión, Desarrollo de Contenidos Web y Locutor.
El
blogg se ha convertido en una importante herramienta para poder plasmar
mensajes de diversos temas, que van desde personales relacionados a diarios o
estados de animo de una persona, sucesos que lo ocurren en su entorno o
impresiones que tiene sobre algo que le interesa y le llama la atención. De
igual forma, los blogg se han utilizado para fijar temas específicos desde
científicos, deportivos, informativos hasta de oficios y vinculados con el
hogar, el colegio y el trabajo.
A
través de este medio virtual, se puede escribir cualquier cosa que cada persona
considere importante, un mensaje que en la internet llega a crear un dialogo
multilateral donde se puede opinar, debatir, generar consensos y nuevas ideas
de un objetivo en común, o sea, la construcción de una comunidad virtual que
comparte conocimiento o percepciones.
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura formuló pliego de cargos contra Javier Ortiz del Valle, Elsy María Usta, Norah Lourdes del Carmen Jiménez y Álvaro Enrique Rodríguez Bolaños, Magistrados y ex Magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar.
Igualmente suspendió provisionalmente por el término de tres meses a dos de ellos, Norah Lourdes del Carmen Jiménez y Álvaro Enrique Rodríguez, teniendo en cuenta que de los cuatro funcionarios disciplinados son los únicos que aún integran esa Corporación.
La decisión, con ponencia del Magistrado Jorge Armando Otálora, fue adoptada dentro de la investigación que adelanta la Judicatura a los funcionarios judiciales por haber fallado 44 acciones de tutela contra Ecopetrol, al parecer de manera irregular, en las que concedieron beneficios laborales sin los requisitos para ello.
Además los disciplinados desconocieron jurisprudencias de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, que ya se habían pronunciado sobre los asuntos que fueron objeto de las tutelas, señalando que los trabajadores y ex trabajadores de Ecopetrol que reclamaban beneficios para mejorar sus asignaciones pensionales, no tenían esos derechos.
Los Magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar son investigados por la presunta comisión de una falta gravísima dolosa por sus decisiones que le habrían causado un detrimento patrimonial a la empresa estatal.
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura aclaró que el Consejo Seccional de Antioquia compulsó copias para que se investigue al Presidente de la República, los Ministros de Justicia y del Interior y otros funcionarios, en cumplimiento de un deber legal establecido en el numeral 24 del artículo 34, concordante con el artículo 70 del Código Disciplinario Único.
Declaró la Corporación que la compulsa de copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación fue hecha por el Seccional de Antioquia por denuncias de Alirio de Jesús Rendón Hurtado, alias “El Cebollero”, en declaraciones dadas dentro del proceso disciplinario seguido al juez Humberto de Jesús Navales Durango, quien es cuestionado por otorgarle a Rendón el beneficio de detención domiciliaria.
Señaló la Judicatura que por esta misma investigación fueron denunciados el Presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y el Magistrado Sustanciador del Seccional de Antioquia y con ello se evidencia la total separación de poderes entre la Rama Judicial y el Ejecutivo, contrario a lo dicho públicamente por Rendón Hurtado.
El Ministro de Justicia y del Derecho, Juan Carlos Esguerra, sostuvo que el Gobierno adelanta todos los esfuerzos para brindarles protección y justicia a las mujeres que son agredidas y sufren por violencia dentro de sus familias.
Así lo aseveró durante la presentación del Decreto que reglamenta las medidas de protección a las mujeres víctimas de violencia y facilita su acceso a la justicia, presentación realizada en la Casa de Nariño por los jefes de las carteras de Justicia, Salud, Educación, Trabajo y la Alta Consejera para la Equidad de la Mujer.
Allí el Ministro recalcó que en este Decreto se amplía el espectro de personas que puedan iniciar esas acciones judiciales por hechos de agresión contra las mujeres. Es decir, que no sólo sean las víctimas sino también las Comisarías de Familia, la Fiscalía de oficio e incluso personal médico, quienes puedan iniciar una acción penal por hechos de este tipo.
“Cuando por ejemplo miembros del personal médico tienen conocimiento de una agresión contra la mujer, tienen la obligación de presentar la denuncia respectiva”, indicó el alto funcionario.
El jefe de la cartera de justicia insistió en la propuesta contenida en este Decreto para que este delito no sea desistible, tampoco sea conciliable y sea conocido de oficio.
“Cualquier mujer puede denunciar a su agresor en cualquier Comisaría de Familia, ante la Fiscalía General de la Nación, en aquellos municipios donde existen Casas de Justicia o Centros de Convivencia. Hay que destacar dos cosas: que la persona presente la denuncia y que no se arrepienta o se deje amedrentar por haberla presentado, o se deje presionar de una manera más o menos dulce para que retire la denuncia”, recalcó.
Y agregó: “Si el hecho tuvo lugar, ese hecho debe ser investigado y sancionado, porque si no corremos el riesgo de que ocurra lo de siempre, y es que se repita una y otra vez la agresión porque el palo siempre va seguido del beso para que siga habiendo más palo y luego haya otro beso. Lo que queremos es que se acabe el palo y subsistan los besos”.
De hecho, el Ministro Esguerra indicó que el recurso de la Acción de Tutela también procederá para defender los derechos fundamentales de la mujer que esté siendo víctima de agresiones y podrá ser interpuesto por cualquier persona diferente a la víctima.
“La Acción de Tutela, tal como está en la Constitución, está lindamente concebida para que ella pueda intentarse por alguien quien en principio no tenga relación alguna con la víctima o el victimario. Basta simplemente incluso con un buen samaritano para que formule la acción de tutela en nombre de aquel cuyo derecho ve violentado, en este caso la mujer o los niños”, explicó el funcionario.
Con este Decreto, firmado por el Presidente y sus Ministros el pasado 20 de diciembre, se disponen medidas concretas de protección para las mujeres mientras subsista el riesgo de una nueva agresión:
·El agresor será desalojado de la casa en caso de que viva en el mismo lugar que la víctima.
·Se le prohíbe al agresor ingresar a los lugares donde se encuentre la víctima.
·Se prevé el traslado de menores de edad cuando sean víctimas también de la violencia familiar y se le oficiará al ICBF para que no le otorguen custodias o decisión provisional de visitas.
·Los gastos por asistencia legal, médica o sicológica de la mujer agredida correrán por cuenta del agresor.
·Las autoridades acompañarán a la víctima hasta su domicilio.
·Se le suspende al agresor la tenencia, porte y uso de armas y se deberá informar a la Policía y a las autoridades competentes.
·Se les prohíbe a los agresores la enajenación o gravamen de bienes en sociedad conyugal o patrimonial.
·Si no se trata de violencia intrafamiliar, se remitirá a la víctima y a su grupo familiar a un lugar de protección seguro y lejano del agresor.
Enfático rechazo a lo que sería autorizar la constitucionalización de la práctica del secuestro. “Las Farc siguen sin entender que lo único que deben hacer es liberar a todos los secuestrados de manera unánime”
El presidente de la Comisión de Paz del Senado y autor del Marco Jurídico para la Paz, Roy Barreras, rechazó de manera enfática la propuesta del miembro del secretariado de las Farc, Iván Márquez, y se refirió a ella en los siguientes términos:
"Que nadie se equivoque. La petición unánime de los colombianos es la liberación de todos los secuestrados y ésta no puede convertirse en instrumento mañoso ni en trampa de las Farc para hacer propuestas absurdas como ésta de constitucionalizar lo que ellos llaman “el intercambio humanitario”, que no es otra cosa que el intercambio de seres humanos”.
“Se trataría ni más ni menos que constitucionalizar la táctica del secuestro, propuesta aberrante a la que no queda más que emitir un enfático rechazo” indicó.
“Lo que las Farc tienen que hacer es liberar a todos los secuestrados de manera unánime e incondicional. Y que esta liberación permita encontrar soluciones al conflicto diferentes a la presión militar por parte del estado Colombiano”, enfatizó el presidente de la Comisión de Paz del Senado.
El Ministro de Justicia y del Derecho, Juan Carlos Esguerra Portocarrero aseveró que el Gobierno no ha ejercido nunca ningún tipo de presión a la justicia para propiciar la revocatoria de la detención domiciliaria concedida a Alirio de Jesús Rendón, alias “El Cebollero”.
“Esto es el mundo al revés porque nosotros no presionamos a nadie para nada. Pedimos, frente a una situación que nos generó enormes sospechas e inquietudes y que produjo zozobra en toda la comunidad, a quien es el competente que es el Consejo de la Judicatura - el nacional y el seccional - según correspondiera, que investigará la conducta de un juez que nos pareció que inapropiadamente le había dado una libertad para enviar a su casa a este señor, sobre la base de atender unos exámenes que le habían practicado y que decían que no estaba en condiciones médicas de estar en la cárcel”, aclaró.
El jefe de la cartera de justicia señaló que fueron los jueces y el Instituto de Medicina Legal quienes establecieron que lo que había ocurrido era en efecto un engaño. “El señor no tenía ninguna condición médica que impidiera que estuviera en la cárcel sino un viejo problema cardíaco de esos con los cuales tanta gente sobrevive y vive, que en el caso de él no debe ser tan grave desde que inclusive le permitió delinquir”.
Finalmente el ministro Esguerra Portocarrero sostuvo que “no presionamos ningún resultado, si el resultado hubiera sido otro lo habríamos acatado de la misma forma. Si hubiera resultado que en efecto la situación de él es medicamente imposible, que debe estar hospitalizado lo habríamos hospitalizado, de manera que no hemos presionado un resultado, hemos planteado el cumplimiento de unas disposiciones que están establecidas en la ley y para eso son”.
Los interesados en recibir su cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad a domicilio pueden solicitar este servicio en las líneas de atención 01 8000 521112 ó 3578240.
El servicio de entrega a domicilio es voluntario y tiene un costo de $20.000
Pasos para solicitar la entrega de documentos a domicilio
1. Llame a las líneas gratuitas de atención al cliente en Bogotá: 3578240 ó en el resto del país: 01 8000 521112.
2. Si la cédula o la tarjeta de identidad ya se encuentra en proceso de fabricación o ya fue fabricada se habilitará una opción en la llamada telefónica para solicitar el servicio de entrega a domicilio. Si su documento aún no ha sido fabricado esta opción no se habilita y usted deberá llamar en algunos días.
3. Seleccione la opción de entrega a domicilio y una persona le explicará lo relacionado con el procedimiento y tarifa del servicio de entrega a domicilio. Si usted decide tomarlo, le solicitarán información general que tendrá tratamiento confidencial, para concertar la cita de entrega, la cual puede ser programada en los cuatro días hábiles después de realizar la llamada.
4. Las entregas se realizan de lunes a viernes en dos turnos: 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., y el día sábado de 8:00 am a 12:00 pm.
5. El mensajero lo visitará en el lugar acordado y en la fecha prevista. El mensajero realizará la validación de su huella dactilar para cotejar la información con la que se encuentra en el código de barras de su documento de identidad y garantizar una entrega segura. Si la información coincide usted le cancelará al mensajero la suma de $20.000 por el servicio prestado y el mensajero le entregará su documento de identidad.
6. Si no se logra obtener la certificación de la huella, o si usted encuentra inconsistencias en los datos contenidos en el documento de identidad, no se cancelará el valor del servicio y usted deberá acercarse a la Registraduría en donde presentó su solicitud para reclamar su documento.
El servicio se presta desde el 1 de agosto de 2008 y actualmente se llevan los documentos de identificación a más de 150 municipios del país.
Hasta el 31 de diciembre de 2011 un total de 261.807 colombianos recibieron a domicilio en su casa u oficina su nueva cédula de ciudadanía o su tarjeta de identidad de último formato, gracias al servicio de entrega personalizada de documentos de identidad que ofrece la Registraduría Nacional del Estado Civil, y que es una alternativa útil para muchos de los 1.818.062 colombianos que todavía no han reclamado su documento de identificación.
Desde el 1 de agosto de 2008 la Registraduría Nacional del Estado Civil a través del servicio de mensajería especializado, implementó el servicio de entrega de cédulas de ciudadanía y tarjetas de identidad a domicilio.
Este servicio de entrega de documentos a domicilio es voluntario y tiene un costo de $20.000 que se cancelan al momento de recibir el documento, que es entregado una vez se realiza la autenticación de la identidad del titular mediante el dispositivo de entrega.
El servicio de entrega a domicilio se presta en más de 150 municipios del país. En Bogotá se han entregado 101.524 documentos y los departamentos en donde se ha registrado mayor cantidad de entregas a domicilio son: Antioquia con 71.662, Valle con 51.741, Atlántico con 12.961, Norte de Santander con 5.235, Bolívar con 4.004, Santander con 3.121 y Magdalena con 1.884.
El servicio de entrega personalizada también está disponible en Risaralda, Caldas, Cesar, Córdoba, Quindío, Boyacá, Tolima, Cundinamarca, Meta, Huila, Cauca, Nariño y La Guajira.
El vicepresidente Angelino Garzón condenó el paro armado que instauró de manera ilegal en varios municipios del Uraba antioqueño la banda criminal "Los Urabeños".
Garzón expresó que el Estado de la mano con la ciudadanía afrontará de la mejor manera esta acción delincuencial que busca entorpecer el orden público de ésta zona del país.
El alto funcionario a traves de la red social Twitter escribió: "condeno y rechazo paro armado promovido por bandas criminales contra población Urabá. No pasarán, Unidad Estado-Sociedad Civil los derrotará".
También hay 324.322 tarjetas de identidad listas para ser reclamadas
Quienes ya tienen su cédula lista para ser reclamada, pueden solicitar el envío de su documento de identidad a domicilio, a su casa o a su oficina, en las líneas gratuitas de atención al cliente: 3578240 para Bogotá ó 018000 521112 para el resto del país. Este servicio cuesta $20.000.
Un total de 1.493.740 colombianos aún no se han acercado a las Registradurías del país a reclamar su cédula de ciudadanía amarilla con hologramas. A ellos se suman 324.322 jóvenes entre 14 y 17 años que aún no han reclamado su tarjeta de identidad azul para adolescentes.
Bogotá, con 311.893 documentos, es la zona del país con el mayor número de cédulas sin reclamar, seguida de Valle con 181.562 documentos y Antioquia con 164.230.
Atlántico, Bolívar y Santander son otras de las Delegaciones de la Registraduría Nacional que actualmente registran una alta cantidad de documentos pendientes por ser reclamados por parte de sus titulares.
La Registraduría hace un llamado a todos los colombianos que han omitido el deber de acercarse a reclamar su cédula de ciudadanía o su tarjeta de identidad para que verifiquen en www.registraduria.gov.co o en la línea gratuita 01 8000 52112 si su cédula ya está lista y dónde reclamarla.
Actualmente la producción de una cédula tarda entre 1 y 4 meses, dependiendo del lugar en el que se solicite. Si ha pasado más de ese tiempo y su cédula aún no está lista, se invita a la ciudadanía a acercarse a la sede de la Registraduría en el país donde solicitaron su documento, en horario de lunes a viernes, de 8:00 am a 5:00 pm para verificar si hubo algún inconveniente con el trámite o en caso contrario reclamar su cédula.
Los últimos casos acontecidos en la ciudad de Barranquilla y en el departamento de Santander evidencian la necesidad de que en Colombia urge seguir trabajando en todos los niveles desde la prevención y la sensibilización con hombres y mujeres en la superación de la violencia basada en género.
Aunque en Colombia la Ley 1257 de 2008 adoptó una pertinente normatividad con el objetivo de garantizar a todas las mujeres una vida libre de violencias, en los últimos días se han presentado varios casos de violencia basada en género que a la Procuraduría General de la Nación le generan una honda preocupación y que ponen en evidencia la urgente necesidad para que el Gobierno Nacional y los gobiernos locales sigan trabajando en la sensibilización, la prevención, la adecuada atención y la debida sanción con el objetivo de erradicar por completo la violencia contra las mujeres.
En Barranquilla se presentaron dos casos, uno sucedió el 28 de diciembre, cuando una mujer de 20 años de edad y con nueve meses de embarazo fue agredida fuertemente por su compañero sentimental como respuesta a un reclamo que ésta le hizo; igualmente la noche de año nuevo, una mujer fue incapacitada debido al fuerte maltrato físico que le propino su compañero sentimental cuando ella decidió ejercer su derecho a negarse a tener relaciones sexuales con él. El caso de Santander, ocurrido también en la noche del 31 de diciembre, fue igualmente violento, puesto que la mujer de 23 años de edad recibió 14 puñaladas por su ex compañero sentimental después de una discusión.
Para el Ministerio Público estos casos son una muestra de que la violencia basada en género sigue latente en Colombia, los casos de daño psicológico, físico, sexual, y/o patrimonial contra las mujeres se siguen presentando diariamente y lamentablemente los hombres siguen utilizando el poder y la violencia como una forma cotidiana de relacionarse, resolviendo sus problemas, diferencias y conflictos con golpes y agresiones y cayendo en el fatal error de creer que cuando se trata de su sexualidad cualquier comportamiento está permitido, reflejando así relaciones de poder desiguales en las cuales una de las partes siente que tiene el derecho de controlar, intimidar y agredir a la otra.
La procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, afirmó que es este el momento propició para que los nuevos alcaldes, las alcaldesas, los gobernadores, las gobernadoras, así como los consejos distritales y municipales de Política Social realicen un diagnostico de la real situación que viven las mujeres en cada una de sus regiones y de esta forma construyan políticas públicas con enfoque de género y prevean recursos con el fin de atender las problemáticas propias; sin olvidar que cuando se trata de erradicar este tipo de violencia los programas y proyectos también se debe adelantar con los hombres, pues son ellos, en la mayoría de los casos, los perpetradores.
Así mismo hace un llamado a las autoridades para que cumplan con la obligación de adoptar las medidas de protección que sean necesarias en estos casos como son: ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la victima y/o abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la misma; ordenar a la autoridad de Policía, si así lo solicita la víctima, el acompañamiento de esta para su reintegro al domicilio; y/u ordenar una protección especial de la víctima por parte de las autoridades de Policía, tanto en el domicilio como en su lugar de trabajo; o cualquier otra que sea necesaria para proteger a la mujer víctima (artículo 17 de la Ley 1257 de 2008).
En este sentido, es pertinente invitar a todas las autoridades y la ciudadanía en general, a conocer los cuatros decretos reglamentarios de la Ley 1257 de 2008, los cuales desarrollan la forma de proceder para la adopción de las medidas de prevención, protección y atención que contempla la mencionada Ley:(i) Decreto No. 4463 de 25 de noviembre 2011 en el ámbito laboral; (ii) Decreto No. 4796 de 20 de diciembre de 2011 en el ámbito de la salud; (iii) Decreto No. 4798 de 20 de diciembre de 2011 en el ámbito de la educación y (iv) el Decreto No. 4799 de 20 de diciembre de 2011 en el ámbito de la justicia, los cuales se pueden consultar en la página de la Procuraduría en el vínculo de “Equidad y género”.
Finalmente, la Procuraduría General de la Nación afirma que seguirá trabajando insistentemente a través de todas sus delegadas con el objetivo de velar por el cumplimiento de los tratados internacionales que buscan eliminar toda forma de discriminación y violencia contra la mujer, con los cuales se ha comprometido Colombia y que implican la garantía del goce efectivo de los Derechos Humanos de más de la mitad de su población, como son las mujeres.
El Ministerio Público lamentó la muerte de Lesy Torres Calao en Montería y se solidariza con los padres de la menor de edad
Para la Procuraduría son alarmantes los casos de balas perdidas registrados durante el año 2011, pues del 1 de enero al 28 de diciembre se registraron, según reporte de la Policía Nacional, 15 homicidios de los cuales 5 eran menores de edad e igualmente 100 casos de personas lesionadas, 15 de ellas menores de 18 años.
El órgano de control pidió diseñar estrategias y adoptar medidas que propendan por el bienestar social, pues no sólo se trata de prohibir el porte de armas de fuego a los particulares porque esto incrementaría la clandestinidad y la venta ilegal de las mismas, sino que se debe educar a la población creando cultura de respeto por la vida, de tolerancia frente al otro, diseñando campañas que involucren tanto a los adultos como a los infantes.
“Hay que desarmar no sólo a los adultos sino a los niños y las niñas de sus juguetes violentos”, señaló la procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, quien concluyó diciendo que igualmente el Estado debe generar seguridad y confianza a los ciudadanos, por tanto, debe crear nuevas alternativas para asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, como uno de los fines esenciales del Estado Social de Derecho.
El Ministerio Público manifestó su solidaridad a los padres y familiares de la niña Lesy Torres Calao, quien falleció a sus seis años de edad, el 1 de enero en horas de la madrugada en la ciudad de Montería, siendo otra de las manifestaciones de violencia e irresponsabilidad social, pues su muerte se produjo luego de ser víctima de un bala perdida cuando se encontraba en su hogar durmiendo con su mamá, según las informaciones recibidas por los medios de comunicación.
En el departamento de Bolivar desde ya se empieza a trabajar revisando los predios que se entregaran a campesinos dentro del programa de Restitución de Tierras y Ley de Víctimas, así lo informó el presidente Juan Manuel Santos.
"Iniciar todo el proceso de la restitución de tierras en toda esta región para que los campesinos tengan títulos sobre las tierras y después viene el Ministerio de Agricultura para los proyectos productivos, esta es una región muy rica, muy rica en minería y en la producción de alimentos, quiero que esa riqueza se quede aquí a mejorar el bienestar de la población", sostuvo el jefe de Estado en Norosí, Bolívar.
Este pronunciamiento se dió en esa región del país donde el presidente Santos anunció combatir la minería ilegal que esta perjudicando el medio ambiente con la contaminación de los ríos.
El secretario de Gobierno de Bogotá, Antonio Navarro decidió revisar el censo de damnificados luego del alto número de personas que están reclamando las ayudas de la administración distrital tras las inundaciones en barrios de Bosa.
El funcionario informó que el próximo viernes se va instalar una mesa en la localidad afectada con funcionarios de la secretaría de Integración Social y de Gobierno para verificar el censo de afectados, allí se tendrá en cuenta aquellas personas a las cuales le afecto su hogar por inundaciones y no por el simple hecho de vivir en la zona.
Navarro sostuvo que a mas tardar el 31 de enero se va a pagar el subsidio de arrendamiento a quienes tuvieron que buscar refugio y se establecerá una reunión con la empresa de acueducto para acordar los descuentos del servicio que es de 15 días.
Entre 3.5 y el 3.7 por ciento podría ubicarse el Índice de Precios al Consumidor, según analistas económicos.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas informará en las próximas horas el resultado final de la inflación para el año 2011.
El pasado mes de noviembre la inflación se ubicó en 0.14 por ciento para situarse en el año corrido en 3.29 %.
Además, el Banco de la República ha estimado que el IPC en el 2011 podría estar por el orden de 3.5 por ciento o con un incremento muy leve de esta cifra.
No existe evidencia científica de que estas prótesis PIP o que otro tipo de implante en silicona pueda producir cáncer u otras afectaciones a la salud. El Ministerio de Salud y Protección Social hizo un llamado a las mujeres que tienen estos implantes para que junto a su médico determinen las circunstancias particulares de cada persona y las acciones a seguir. Ante evidencia médica de ruptura de los implantes se debe retirar de inmediato a través de los servicios de urgencias.
El Ministerio de Salud y Protección Social anunció este miércoles que en casos de recomendación médica el sistema de salud colombiano reconocerá el retiro de prótesis PIP, atendiendo la alerta sanitaria sobre su composición.
La entidad recomendó a las mujeres que tienen este tipo de prótesis que consulten con su médico, asistan a los controles rutinarios y una vez establecida la condición de los implantes definan de manera conjunta los procedimientos a seguir.
Es importante tener en cuenta que no existe evidencia científica que apoye la hipótesis de que los implantes en silicona puedan producir cáncer mamario. Tampoco existe una recomendación generalizada de retiro de las prótesis PIP.
No obstante, en caso de que esta sea la recomendación médica y cuente con el aval de la paciente, el Ministerio de Salud y Protección Social cubrirá el nuevo procedimiento cuándo las prótesis se hayan implantado como parte de un tratamiento reconstructivo.
Así mismo, cubrirá el retiro de las prótesis mediante atención de urgencias en caso de ruptura, y el retiro de las prótesis PIP —en caso de implantes con fines estéticos- cuando el médico tratante, en cada caso particular, así lo determine.
Teniendo en cuenta que el Sistema de Salud Colombiano no cubre, ni puede cubrir por disposición legal procedimientos meramente estéticos, quienes deseen reemplazar las prótesis retiradas y que no hagan parte de tratamientos reconstructivos, deberán hacerlo con recursos propios.
El Ministerio de Salud y Protección Social definirá en las próximas semanas, el procedimiento a seguir para hacer efectivas estas disposiciones.
Se definirán un valor máximo de reconocimiento de estos procedimientos, así como los prestadores autorizados para realizarlo.
Estas medidas tomadas en Colombia van en la misma dirección a las adoptadas por países como Francia, Brasil, Argentina y Venezuela, entre otros.
En las últimas horas, el presidente Juan Manuel Santos visitó el municipio de Norosí, Bolívar para analizar la problemática de minería ilegal que aqueja la región y las consecuencias que acarrea en el medio ambiente.
El mandatario sobrevoló la zona donde se explotan los recursos mineros los cuales están afectando las cuencas hidrográficas y trayendo problemas de salud para los habitantes de la localidad.
Santos informó que el Gobierno trabaja en reducir estos impactos ambientales con todos los mecanismos que tiene a la mano, sin embargo, invito a los pobladores a denunciar cualquier irregularidad y prevenir cualquier forma de explotación minera que no tenga todos los requisitos para hacerla efectiva.
El jefe de Estado aprovechó para hacer un llamado a aquellos mineros que se encuentran en la informalidad para que se acojan a los programas que el Gobierno establece para trabajar en regla en materia de explotación de minas.
El presidente Santos denunció una grave situación que impide el desarrollo de la región como es la que los menores de edad deciden irse a las minas en busca de empleo aumentando las cifras de deserción escolar.
La visita realizada por el mandatario estuvo acompañada por el ministro de Minas, Mauricio Cárdenas y por el gobernador del departamento, Juan Carlos Gossain.
Por último, el presidente Juan Manuel Santos anunció que su visita también se enfoca en iniciar el proceso de restitución de tierras en el departamento para que los campesinos tengan títulos de predios, proceso en el cual estará encargado el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo para que la región sea aprovechada en el cultivo de alimentos y se erradique definitivamente la presencia de los grupos armados al margen de la ley quienes utilizaban la tierra para el cultivos de drogas ilícitas.
El Certificado Judicial se está expidiendo de forma normal en los Supercades y en la página web encargada del trámite, informó el Departamento Administrativo de Seguridad en proceso de Supresión, luego de verificar el funcionamiento de dicho trámite.
"Dichas inspecciones dan un reporte de normalidad en el proceso del trámite de Certificado Judicial", señaló la dependencia en un comunicado y añadió que ese documento seguirá vigente hasta tanto el Gobierno Nacional expida el Decreto Antitrámites.
Recordó que desde el mes de septiembre del 2011 el Certificado Judicial no se expide en las instalaciones del DAS en Paloquemao, en la capital del país.
Precisó que desde el año 2005 se requiere cita previa vía telefónica llamando al 5921212, para programarla y asignar el Supercade en el que el usuario será atendido, en el caso de Bogotá.
La entidad en liquidación señaló que para el resto del país, la expedición del Certificado Judicial continuará efectuándose en las mismas sedes donde se viene tramitando.
El documento se puede tramitar de manera gratuita a través de la página web www.certificadojudicial.gov.co, en la cual también se puede consultar la información sobre la certificación.
El alto funcionario a través de la red social Twitter invitó a los colombianos a reflexionar este delicado tema que ha enlutado a muchas familias en los últimos meses.
El vicepresidente de la República, Angelino Garzón en mensaje fuerte a través de su cuenta personal en Twitter hizo referencia a los hechos donde lamentablemente mueren menores de edad por la irresponsabilidad de adultos que hacen disparos al aire.
"Cierra los ojos y piensa que uno de los nin@s asesinad@s por balas perdidas u otras acciones criminales es un hijo o familiar tuyo. Basta Ya", escribió Garzón.
"Es vital que todos los colombianos ahorren para su vejez. La reforma pensional que plantea el Gobierno Nacional contiene una alta dosis de responsabilidad con el futuro de la gente, ya que entre sus principios está la sostenibilidad financiera en el largo plazo, mayor cobertura y equidad", afirmó Dilian Francisca Toro, senadora de la República.
Actualmente el sistema pensional cubre entre el 25% y 30% de la población, lo cual indica que falta ampliar dicha cobertura. Según el Dane, en el 2010, el 92% de las personas que devengaban un salario mínimo no estaban afiliadas al régimen pensional.
"De manera que es urgente y necesario plantear una reforma integral que proponga incentivos para que la gente cotice y de esta forma, se amplíe la cobertura", agregó la senadora Toro.
El nuevo viceministro de Empleo y Pensiones, Mauricio Olivera, aseguró que el Gobierno no ha definido si se aumentará la edad de jubilación, por lo que no es conveniente "alarmar" a la sociedad al respecto, precisó la senadora Dilian Toro.
Cabe mencionar que actualmente cursa en el Congreso de la República, el proyecto de Ley de Pensión familiar, el cual beneficia a las personas de escasos recursos del país, al permitir que los cónyuges y/o compañeros permanentes sumen las semanas cotizadas o del capital ahorrado para acceder a una pensión vejez.
Para acceder a esta, los cónyuges y/o compañeros permanentes deberán haber cumplido la edad exigida por la ley (57 años para las mujeres y 62 para los hombres) y estar afiliados al mismo régimen de pensión; es decir, ambos en el Régimen de Prima Media (ISS) o en el Régimen de Ahorro Individual (Fondos de Pensiones Privados).
Actualmente se encuentran en trámite 38.172 documentos 15.798 están en proceso de producción, 5.493 documentos en proceso de validación y 16.911 en impresión.
Desde el año 2006, cuando comenzó el proceso de renovación de cédulas, un total de 744.604 presentaron rechazo definitivo: 499.426 corresponden a inconsistencias en la información, 85.576 por posible doble cedulación y 81.869 por suplantación.
Durante el año 2011 la Registraduría Nacional del Estado Civil produjo un total de 2.475.677 cédulas de ciudadanía amarillas con hologramas. Actualmente se encuentran en trámite 38.172 documentos: 15.798 están en proceso de producción, 5.493 en proceso de validación y 16.911 en impresión.
Dado que la Entidad actualmente tiene una capacidad instalada para producir hasta 60.000 documentos al día, el volumen de cédulas en cola de producción se considera muy bajo, frente a históricos de períodos anteriores.
De las 2.475.677 cédulas de ciudadanía producidas el año pasado, un total de 411.873 corresponden a renovaciones de cédulas; 1.001.277 a duplicados; 993.442 a cédulas de primera vez para jóvenes que alcanzaron su mayoría de edad y 69.085 a rectificaciones de cédulas por cambios de nombres, apellidos o fotografías entre otros.
Desde el año 2006, cuando comenzó el proceso de renovación de cédulas, hasta la fecha, un total de 744.604 solicitudes de cédulas de ciudadanía han sido rechazadas: 499.426 por presentar inconsistencias en la información, 85.576 por posible doble cedulación y 81.869 por suplantación.
En el año 2008 la Registraduría Nacional del Estado Civil produjo un total de 7.675.744 cédulas de ciudadanía amarillas con hologramas, en el 2009 la cifra aumentó significativamente con 8.441.085 documentos producidos y en 2010, año en que venció el plazo oficial fijado por el Gobierno Nacional para renovar la cédula de ciudadanía, la cifra descendió a 4.504.489 cédulas.
Pese a que el 30 de julio de 2010 venció el plazo oficial fijado para renovar la cédula de ciudadanía, la Entidad continúa adelantando este proceso de manera gratuita, aunque el número de solicitudes disminuyó considerablemente en los últimos 17 meses. 37.753.932 de cédulas en 12 años.
El total de cédulas de ciudadanía producidas en el año 2011 fue inferior a los niveles registrados en los años 2008 y 2009, vigencias en las que se concentró la mayor producción de documentos de identidad a raíz del proceso de renovación masiva de cédulas adelantado en todo el país desde el año 2006.
Desde el año 2006 y hasta el 31 de diciembre de 2011, se produjeron 27.779.258 documentos de identidad, que se suman a las 9.974.674 cédulas amarillas con hologramas producidas entre el año 2000 y el 2005, para un total de 37.753.932 documentos de nuevo formato producidos en los últimos 11 años, incluyendo cédulas de primera vez, renovaciones de cédulas, duplicados y rectificaciones.
De las 27.779.258 cédulas producidas entre el 2006 y el 2011, un total de 14.414.122 corresponden a renovaciones de cédulas; 7.293.062 a duplicados; 5.591.076 a cédulas de primera vez para jóvenes que alcanzaron su mayoría de edad, y 480.998 a rectificaciones de cédulas.
Miguel Almachi de Ecuador, actual campeón de la Carrera Atlética Internacional San Silvestre de Chía, realizada el pasado 31 de diciembre, es el primer atleta internacional en asegurar su participación en la Carrera Atlética Internacional de Girardot, programada para el sábado 28 de enero, prueba que ya gano en el 2010. La competencia se cumplirá con once categorías y una inversión cercana a los 100 millones de pesos.
El fondista ecuatoriano de 25 años, fue el vencedor recientemente de la Carrera Atlética Internacional Aguinaldo Boyacense en Tunja y ya se encuentra concentrado en Paipa, donde adelantará entrenamientos específicos para afrontar la edición cuarenta de uno de los eventos pedestres más antiguos de Colombia y con el cual se abre oficialmente el calendario de la Federación Colombiana de Atletismo 2012.
“Estoy muy contento de volver a competir en la carrera de Girardot, es un prueba de alto nivel técnico, el trazado de la carrera me gusta, la gente lo apoya a uno durante el recorrido, la temperatura es altísima y Colombia es mi segundo país, por el trato de gente, la amabilidad de los giradoteños y la hospitalidad de los señores de la organización. Espero volver a ser protagonista” indicó, el pupilo de Franklin Tenorio, ya clasificado a los Juegos Olímpicos en Londres.
La organización del evento recreo-deportivo, entregará 4 millones de pesos al campeón de la prueba y 2 millones y medio de pesos para la ganadora de la categoría elite damas. Los varones elite afrontarán 15 kilómetros y las damas elite 10 kilómetros, con salida y meta en Camellón del comercio de la “ciudad de la acacias”, llamado antiguamente Calle Ancha.
Tan pronto se acabe el período de vacancia judicial, el Consejo Superior de la Judicatura designará a los Jueces Agrarios para restitución de tierras, anunció el Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, quien recordó que esa nueva figura de jueces está contemplada en la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, que entró en vigencia el pasado primero de enero.
“El 15 de enero serán designados en propiedad los Jueces Agrarios que se encargarán de los procesos de restitución. Estos jueces deben ser designados por el Consejo Superior de la Judicatura y el plazo señalado para esta designación en propiedad es el 15 de este mes, cuando termina la vacancia judicial”, explicó Vargas Lleras.
El jefe de la cartera política manifestó, además, que el Gobierno Nacional ha previsto todo lo concerniente para la aplicación de las medidas contenidas en la Ley de Víctimas, en temas como la institucionalidad y los planes de seguridad para garantizar que las personas a las que les van a ser restituidos sus predios puedan retornar a ellos con el acompañamiento de la Fuerza Pública.
Así mismo, Vargas Lleras recordó que el Gobierno Nacional ya apropió los recursos para financiar en el 2012 la implementación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras.
Se va a implementar una estrategia definitiva para mejorar la recolección de las basuras en la que los usuarios van a tener un papel importante, así lo informó el nuevo director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos en Bogotá (UAESP), Guillermo Asprilla.
Según el funcionario, el reto es cumplir el proyecto político que se propuso a la ciudad para el manejo de residuos que se denomina basura cero. "Implica un cambio de mentalidad en el comportamiento de los ciudadanos". El propósito es cambiar totalmente en el corto plazo la forma en que Bogotá se comporta con los residuos.
"La idea es que se pase a un modelo de separación en la fuente al de recolección separada y de disposición final que valore y reutilice los residuos", dijo Asprilla.
Otra de las medidas que la Alcaldía de Bogotá va a adoptar es el trabajo directo de la administración con los recicladores.
El anuncio va ligado a la medida que se va a empezar a aplicar en el mes de febrero cuando a los camiones de recolección porten básculas con lo que el servicio se va a empezar a cobrar según el peso de la basura.
El gobernador de Antioquia dijo que el tema es una discusión que siempre ha estado en su agenda y que las armas así sean con salvoconducto deben estar en manos de la Fuerza Pública.
El Gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo expresó que las finanzas del departamento quedaron con una deuda pública alta que esta revisando y que podrían estar alrededor de los 700 mil millones de pesos.
Fajardo sostuvo que su gestión trabaja por mejorar el ingreso de recursos a traves de la Fabrica de Licores de Antioquia y del Instituto para el Desarrollo del Departamento, IDEA.
El mandatario departamental dijo que ha dado instrucciones a sus funcionarios para revisar con lupa cuantas personas habían sido nombradas en la anterior gestión para evitar la duplicidad de funciones y así evitar gastos innecesarios en el gabinete, pero aclaró que no utilizará el espejo retrovisor para criticar la labor de su antecesor.
Sobre su equipo de trabajo lo calificó de tener experiencia, personas con principios e ideales para trabajar por el departamento de Antioquia, "no dejemos que la tradición se atraviese en el campo de la innovación, ellos ya saben hacer las cosas y las obligaciones que cada uno tiene".
El recien posesionado mandatario de Antioquia se refirió al debate del porte de armas, dijo que es una discusión que siempre ha estado en su agenda porque hay armas por todos lados y que éstos artefactos así sean con salvoconducto deben estar únicamente en manos de la Fuerza Pública.
Fajardo afirmó que cuando fue alcalde de Medellín trabajo en ese tema, advirtiendo que el principal problema son las armas ilegales las cuales son incautadas a personas y no se sabe que pasa con ellas despues, por eso, ante esta situación pidió que al momento de sorprender a una persona con un arma ilegal este pague una pena que no sea excarcelable por la responsabilidad que implica llevarla.
"Y que pasa cuando se captura a un delincuente con esa arma, ellos quedan libres y vuelve se captura con otra arma ilegal, a sabiendas que podría cometer un delito, se la pasan en la calle", sostuvo el gobernador de Antioquia quien es partidario de una politica de prevención y castigo para personas que tienen un arma ilegal, penas mas duras por la responsabilidad que tiene portarla.
Al ser preguntado por el futuro del Partido Verde, dijo que fue visitado por miembros de la colectividad Carlos Amaya, Jorge Londoño y el vocero de la colectividad Lucho Garzón, donde les expresó que la Ola Verde no ha estado a la altura y no se le dado respuesta a los miles de seguidores con una propuesta seria.
Sergio Fajardo informó que es la hora en la que n o se ha hecho un análisis de la perdida de las elecciones presidenciales de donde tendría que sacarse en conclusión los avances políticos y su impacto en el pais.
Temas como la reforma educativa y propuestas en materia de medio ambiente podrían tenerse en cuenta en el Congreso de la República, elaboradas por el mismo Partido Verde, además de una Escuela de Formación en Política para implementarse en toda Colombia.
La Procuraduría General de la Nación, a través de la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, recibió el informe de gestión sobre la garantía de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud de las 32 gobernaciones, el Distrito Capital de Bogotá y 1052 alcaldías.
La delegada del Ministerio Público, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, solicitó se investiguen las presuntas irregularidades que habrían cometido los alcaldes de estos municipios, al no haber remitido el informe de rendición pública de cuentas contemplado en el artículo 204 de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia).
La Procuraduría General de la Nación, con el apoyo técnico de UNICEF, realizará el estudio de los informes de gestión entregados por los gobernadores y los alcaldes del país, con el fin de presentar un informe consolidado sobre la situación de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud, el que se dará a conocer en el primer semestre de 2012.
A pesar de varios requerimientos y prórrogas, 50 alcaldes de diferentes municipios (4,53%) omitieron remitir el informe solicitado a 31 de diciembre de 2011.
Estos fueron: Antioquia: Arboletes, Campamento, Cisneros y Dabeiba. Atlántico: Campo de la Cruz, y Piojó. Bolívar: Achí, Cicuco, Magangué, Montecristo, Morales, San Estanislao y Soplaviento. Cauca: Almaguer, Buenos Aires, Guapi, López de Micay, Purace, Timbío, Timbiquí, Totoró, Villarrica. Cesar: San Alberto. Chocó: Acandí, Bahía Solano, Belén de Bajirá, Juradó, Nóvita y Sipí. Córdoba: Los Córdobas, Puerto Libertador y San Carlos. Cundinamarca: Beltrán y San Cayetano. La Guajira: Barrancas. Magdalena: Remolino. Santander: Carcasí, Landázuri, San José de Miranda y Valle de San José. Sucre: Chalán, El Roble, Guaranda, La Unión, Majagual, Sucre y Tolú Viejo. Tolima: Anzoátegui y Cunday. Vichada: Cumaribo.
El Presidente Juan Manuel Santos afirmó que el Gobierno está listo para trabajar en llave con los nuevos alcaldes y gobernadores, que comenzaron sus períodos de gestión, y les pidió no tener tolerancia con la corrupción.
Así lo manifestó el Jefe de Estado en Dosquebradas, municipio risaraldense en el que entregó ayudas a las personas afectadas por la emergencia registrada el pasado 23 de diciembre tras la ruptura del poliducto Salgar - Cartago.
La investigación adelantada por el jefe del Ministerio Público señala que en el proceso existen pruebas que permiten presumir que Claros Pinzón tuvo vínculos irregulares con el grupo paramilitar “Bloque Central Bolívar”, del que habría recibido apoyo para su candidatura como gobernador del departamento del Caquetá.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el Juan Carlos Claros Pinzón, en su condición de gobernador del departamento del Caquetá, por posibles vínculos con grupos armados al margen de la ley.
El pliego de cargos señala que el grupo paramilitar ‘Bloque Central Bolívar’ “buscó mediante alianzas creadas con líderes políticos el manejo del estado local y regional, que consistía en financiar y apoyar las campañas electorales de sus candidatos, a cambio de que una vez electos, éstos representaran los intereses del grupo ilegal y les entregaran un porcentaje de los recursos públicos legales; alianzas que incidieron en la transformación del mapa político del departamento del Caquetá”.
Frente a los presuntos vínculos del investigado con este grupo subversivo que operaba en el Caquetá, se tiene que cuatro de los desmovilizados del citado bloque aceptaron su participación en reuniones sostenidas con el exgobernador Claros Pinzón elegido para el periodo 2004 - 2007.
El exmandatario al parecer estableció pactos y acuerdos políticos con esta organización armada al margen de la ley desde el año 2002, con el propósito de contar con el apoyo de estos grupos para conseguir participación política y asegurar “su continuidad como mayor fuerza política que le permitiera asegurar su elección como gobernador del departamento del Caquetá, como en efecto sucedió”.
Adicionalmente, pudo recibir apoyo económico para la campaña a la gobernación en el año 2003 y apoyo logístico y seguridad, consistente en dos escoltas motorizados y un vehículo.
Así mismo, como exigencia del cumplimiento de lo pactado habría facilitado al grupo ilegal, por intermedio de un funcionario de la gobernación, la información de los contratistas de ese departamento.
Con su conducta el señor Claros Pinzón probablemente incurrió en una irregularidad que se constituye en falta disciplinaria la cual compromete su responsabilidad en el ejercicio del cargo y sus funciones, señaló el Procurador General.
